Andrés Barreda y Rolando Espinosa Cuando la Secretaria de la Presidencia, por medio de la Comisión de Estudios del Territorio Nacional publica en 1974 —año del célebre congreso indígena— un estudio sobre la Zona Lacandona que incluye once mapas de gran visión de la selva, presenta dos que reflejan la percepción que los geólogos de aquel momento tienen sobre las posibilidades petroleras del lugar. 

Aunque tales especificaciones han evolucionado mucho desde aquel entonces, el interés actual por tales mapas estriba en cómo ambos sugieren cuál pudo ser una de las causas por la cuales en 1972 se intento restringir la colonización del lugar en 600 000 hectáreas de la porción sureste de la selva, al decretarlas como Comunidad Lacandona: según esa percepción la región carecía de posibilidades petroleras, razón por la cual bien podía convertirse en la principal reserva forestal del país. En 1975 José López Portillo, por aquel entonces apenas Secretario de Hacienda, redacta para el IEPES un informe global sobre la riqueza de Chiapas, en el cual sólo reconoce, además de la zona de Reforma, algunas posibilidades petroleras para las regiones de la Trinitaria, las Margaritas y los Altos.Hacia fines de los años setenta, cuando el precio internacional del petróleo llega a su cima (saltando de quince dólares el barril en 1978 hasta casi cuarenta en 1980) y las empresas transnacionales han comenzado a explotar la zona fronteriza de Guatemala con Marqués de Comillas en los yacimientos de Rubelsanto, Las Tortugas y Chinajá, el gobierno mexicano piensa de nuevo su política de protección ambiental, reubicando la zona dura de conservación a tan sólo las 331 200 has. de Montes Azules; al tiempo en que muestra su deseo de regular, hasta dónde resulte posible, los intensos movimientos de colonización indígena que se han desatado por todas las cañadas que colindan o se superponen con los anticlinales potencialmente petroleros. La organización oficial de la colonización mestiza en Marqués de Comillas expresa elocuentemente la desconfianza económica y militar que el aún nacionalista gobierno federal tiene, no sólo por el avance de las empresas transnacionales norteamericanas en la frontera de Guatemala, sino también su antidemocrática desconfianza por el avance de las comunidades indígenas que no cesan de colonizar la selva exigiendo el cumplimiento de las postergadas promesas de reparto agrario y que posiblemente podrían estorbar la inminente explotación petrolera de esta región.    

Hasta dónde tenemos información documental directa, Pemex examina sobre todo entre 1975 y 1986,[1] varias áreas de prospección en la Selva Lacandona que comprenden los anticlinales con posibilidades de entrampamiento de petróleo. Tales estudios quedaron consignados en diversas tesis de licenciatura —nosotros logramos reunir 18— elaboradas por estudiantes de las carreras de geología de la UNAM y el IPN, que en aquel entonces participaron en brigadas de prospección de Pemex. Estos documentos registran cuidadosamente cuales son los anticlinales mas cercanos a las regiones donde supuestamente pudo acontecer hace cientos de millones años la formación del petróleo (rocas madre), cuales son los segmentos precisos de los anticlinales y fallas dónde éste puedo haber sido entrampado, así como el sustrato geológico y la profundidad tentativa en la cual pueden ubicarse los depósitos de petróleo. Lo cual, dicho sea de paso, muestra claramente una pequeña parte del enorme valor económico de los trabajos de investigación realizados por los estudiantes de nuestros centros de enseñanza superior, que con ello retribuyen de sobra a la nación los gastos que el pueblo de México realiza financiando la educación pública y gratuita.

De los 94 anticlinales y 60 fallas de todo el Estado de Chiapas consignadas a fines de los años setenta por el Instituto de Geología de la UNAM, 35 anticlinales y 14 fallas resultan con altas posibilidades petroleras, estableciendo en ellos 29 áreas más precisas en las cuales podrían existir yacimientos. Si se atiende el mapa que representa los diagnósticos de estas brigadas de prospección (mapa 2) pueden observarse cómo estas áreas con mayor potencial petrolero agrupan ocho de ellas en la región noreste (prospecto Champa), seis en la región este (prospecto San Fernando), trece en la región sur (provincia Miramar), mientras dos quedan incluidas dentro de la Región Ocosingo, en el centro de la selva. En próximos análisis habremos de revisar datos referidos al prospecto Champa y a la provincia Miramar, por lo cual nos limitamos en esta ocasión al análisis del prospecto San Fernando y a la gran Región de Ocosingo. Hoy en día puede apreciarse el enorme tino de estos tempranos diagnósticos por la coincidencia que estas áreas han mostrado con otro tipo de pruebas reunidas por nosotros, en las cuales se refiere la presencia de pozos petroleros exploratorios, la posible presencia de yacimientos descritos en los mapas de proyectos de desarrollo como el Río Salinas Project, o en mapas de revistas especializadas como Oil and Gas Journal, o en mapas de instituciones de investigación como el US Geológical Surbey, o la Energy Information Administration, así como por numerosos testimonios directos efectuados en la región.

Aunque no todas estas prospecciones han sido exitosamente confirmadas resultan de enorme importancia para poder comprender la historia de la organización del espacio en la Selva Lacandona. Es el caso de las prospecciones efectuadas durante los años ochenta en la llamada región de San Fernando, pues dichas predicciones permiten entender cómo en esa época el gobierno federal tiene expectativas muy altas de encontrar hidrocarburos en las seis áreas correspondientes a los anticlinales Yaxchilán, Gavilán, Bonampak y El Cedro, así como las empresas transnacionales operantes en Guatemala tienen expectativas parecidas para otras tantas regiones correspondientes al otro lado del río Usumacinta. Razón por la cual se observan intensos y sucesivos trabajos exploratorios en ambos lados de frontera, que en el caso de Guatemala llevan a la proyección de un posible oleoducto e incluso a la construcción de una carretera petrolera que permita el acceso a la cooperativa Bethel, en los márgenes del río fronterizo. El hecho de que sólo hasta 1992 se decrete la conservación de una nueva área de 61,873 hectáreas, añadidas a Montes Azules como Reserva de la Bisofera del Lacantún y de 4,357 has. como Monumento Natural Bonampak, así como otro islote de 12,184 has. decretado como Refugio de Flora y Fauna Silvestres Chan Kin y de 2,621 has. como Monumento Natural Yaxchilán,[2] sugiere un muy tardío esclarecimiento de una baja o nula presencia de petróleo en esta franja fronteriza originalmente incluida dentro de la Comunidad Lacandona, pero posteriormente excluida de los límites de Montes Azules. El resultado final en los años noventa deja libres estrechos espacios para un incierto uso petrolero, que más bien se orienta al uso económico y militar de la carretera fronteriza del sur, al tiempo en que se aprovechan las regiones no protegidas pero conservadas para el establecimiento supranacional de un corredor biológico de semiconservación que garantice el tránsito de las especies entre las selvas Lacandona y del Petén.

No obstante, la enorme importancia que aún mantienen muchos de estos diagnósticos tempranos de Pemex estriba en la forma en que varios de ellos, confirmados hoy como certeros por varios caminos, coinciden espacialmente con numerosas regiones habitadas por las comunidades indígenas zapatistas en el norte, el centro y el sur de la Selva Lacandona. Punto clave para sopesar las recientes declaraciones del director de Pemex, Adrián Lajous cuando descalifica el reportaje periodístico de Jim Cason y David Brooks (La Jornada 22 de agosto) sobre el trabajo de los geólogos de Pemex Pablo Cruz y Javier Meneses en torno de la Sierra Chiapas (en el noreste de la entidad), publicado recientemente por la revista Oil and Gas. Lajous pretende cerrar la discusión en torno a  la presencia de yacimientos petroleros en la región del conflicto indicando que la región del norte de Chiapas (para la que si acepta la presencia de reservas) en realidad no está conectada directamente con la Región Ocosingo. Aunque en entregas posteriores habremos de comentar algunas evidencias en torno a la presencia de yacimientos en la región noreste (que hay que distinguir de la región noroeste, dónde se ubican los conocidos yacimientos de Reforma) vale la pena observar desde ahora que esta región fronteriza con Tabasco también es una región zapatista que, por lo mismo, ha sido duramente castigada con la presencia del descompuesto grupo paramilitar Paz y Justicia.

Como ya explicamos en una artículo precedente (La Jornada, 28 de agosto de 1999) el “Diagnóstico de Instalaciones petroleras en la zona de la Selva Lacandona; Proyecto Ocosingo Lacantún” confirma la enorme importancia de dos de las áreas diagnosticadas por estas tempranas brigadas en la región Ocosingo. Si bien otros estudios de Pemex en torno a los efectos económicos, sociales y ecológicos ocasionados por sus actividades exploratorias, así como los compromisos de la paraestatal con la Sedue para la conservación de la riqueza biológica del lugar también dan testimonio sobre la enorme importancia petrolera de la región[3]. David Candelario Rodríguez, en 1986 ya ingeniero de la superintendencia local Zona Sur de Pemex, delimita en su estudio[4] sobre “Las estratégias ambientales de PEMEX en la Selva Lacandona, Estado de Chiapas” lo que hoy se conoce como la Región Ocosingo, siendo él quien por primera vez informa al público un diagnóstico cuantitativo preciso del monto de las reservas petroleras en Ocosingo y Marqués de Comillas. Por su parte las geólogas Santamaria Martínez y Sotelo Arredondo realizan un diagnostico técnico sobre el desarrollo de los principales pozos en la región de Ocosingo (su profundidad, cuales han sido taponados, etc.), así como sobre la contaminación ambiental que estos han ocasionado.[5]

Es en este contexto donde adquieren enorme importancia tanto el informe de la General Accounting Office notificando al gobierno de los Estados Unidos diagnósticos de geólogos de Pemex sobre la existencia de grandes campos petroleros en Ocosingo, así como los testimonios de campo recogidos entre algunos trabajadores petroleros por Fabio Barbosa, en 1993, sobre la presencia de yacimientos de gas y crudo de alta calidad, así como en torno a irracionales taponamientos de pozos que parecen ser muy productivos. Las recientes declaraciones de Adrián Lajus (La jornada, 23 de agosto de 1999) sobre la baja calidad y potencial de los pozos petroleros Nazareth y Ocotal extrañamente contrastan no sólo con este tipo de testimonios sino también con informes técnicos como la Evaluación económica petrolera del pozo exploratorio Nazareth I, efectuada por Romeo Solís Estrada, quien notifica que “de acuerdo a la evaluación geoquímica practicada al pozo de estudio, y por la calidad del hidrocarburo (de tipo ligero) allí encontrado y la extensión del bloque, podría considerarse como un yacimiento importante”,[6] especificando que “el descubrimiento de gas y condensado encontrado en este pozo abre nuevas perspectivas económicas petroleras para esta región” El detalle de que en este yacimiento se hable de hidrocarburos ligeros resulta esencial por la manera en que los funcionarios de Pemex han querido restar importancia a los descubrimientos petroleros de Marqués de Comillas arguyendo que se trata de hidrocarburos pesados.

Como parte de esta discusión hay que tener en cuenta que el territorio donde se ubican nueve de estos pozos exploratorios están ubicados en la Sierra Corralchen, justo aquella que separa físicamente los dos Aguascalientes de Morelia y Francisco Gómez (antes La Garrucha). Mientras el director de Pemex se esmera en declarar que en esta región no se han encontrado “por lo pronto” (nótese la ambigüedad de la respuesta) yacimientos de potencialidad comercial, en esa misma región de la selva se emplazan recientemente nuevos campamentos militares (Cfr. Juan Balboa, La Jornada, 15 de agosto 1999), la mayor parte de los cuales quedan en áreas cercanas a los pozos Ocotal I y Damasco I, así como del campamento de trabajadores petroleros Ocotal, quedando diez de estas nuevos destacamentos dentro de la considerada Región Ocosingo (Taniperla, Monte Libano, Ocotalito, Santa Rita, La Culebra, Jardín, Sival, Arrollo Granizo, Obilio García, Arena y Nuevo Jerusalén) y cinco en sus inmediaciones (San José Panhuitz, El Limonar, Cintalapa, Laguna Ocotal y Santo Domingo, este último al sur del Aguascalientes de Morelia). Posiciones militares que vienen a reforzar la línea de nueve destacamentos de militares y policía anteriormente emplazados en la Sierra Infiernillo (cinco de los cuales ya estaban también dentro de la región petrolera Ocosingo, quedando ubicadas los restantes dentro de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, muy próximos a las instalaciones de un importante centro de bioprospección del grupo Pulsar) y a otros tres campamentos apostados en las faldas de la sierras Cruz de Plata y Livingstone, en la cañada de Las Tazas.

Lo que hace veinte años comenzaba a percibirse como la zona dónde debería establecerse la frontera entre una posible exploración petrolera y la conservación forestal de Montes Azules, el desarrollo de la exploración de los hidrocarburos, así como la inesperada irrupción de la ingeniería genética, termino de hacer de este lugar uno de los puntos de control militar y paramilitar más importantes de la selva. Frente a la asechante amenaza neoliberal de privatizar todos los bienes estratégicos de la nación numerosos mexicanos nos preguntamos porqué el Congreso de la Unión autoriza presupuestos militares crecientes destinados a custodiar bienes que ningún mexicano amenaza destruir, pero si algunos pocos gobernantes amenazan con subastar en los mercados internacionales. Datos y realidades dramáticas que, en el mejor de los casos, dejan a las respuestas oficiales del Secretario de Energía, Luis Téllez, y del director de Pemex, Adrián Lajous, como meras coartadas encubridoras de todas las agresiones que los gobiernos federal y estatal han perpetrado en contra de estas comunidades.